Establecen nuevo régimen migratorio

En un intento de endurecer la política migratoria de la Argentina, el Gobierno Nacional estableció nuevas medidas previstas para expulsar a los extranjeros que cometen delitos, crear un fuero especial para atender los casos de inmigrantes y establecer un mayor seguimiento a los casos de delincuentes que no hayan sido radicados en el país.

A raíz de esto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció la aplicación de un régimen de reciprocidad para otorgar la residencia a ciudadanos extranjeros que incluirá el requisito de demostrar diez años sin antecedentes penales. “Lo que estamos planteando tiene que ver con el pedido de radicación y no con cualquier ingreso al país. Cuando pida radicación se le va a pedir lo mismo que se le exige a la Argentina: diez años sin antecedentes delictivos”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo que “esto va a empezar a acontecer con las personas que quieran radicarse a partir de ahora” y que va a entrar en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Entre las nuevas exigencias figuran: el comprobante de carencia de antecedentes penales de los últimos 10 años, certificados de salud y certificado de trabajo de sus países de origen, a la vez que un aumento de montos del trámite migratorio en algunos casos puntuales.

Adelantaron que además de pedir los antecedentes penales retroactivos a 10 años para aquellos extranjeros que busquen radicarse en la Argentina, la Dirección de Migraciones podrá pedir también certificados de salud y de trabajo.

«Se evaluará cada caso, de cada país para establecer mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal», dijo un funcionario del gobierno que adelantó parte de las medidas que comenzarán a regir luego que se publiquen este miércoles 6 de marzo en el Boletín Oficial.

Es decir, que si determinado país pide como requisito para los extranjeros que tramitan residencia el certificado de salud, de antecedentes penales o de trabajo a un argentino aquí se les pedirá exactamente las mismas condiciones.

Este mismo esquema funcionará a la hora de establecer el cobro de trámite de una radicación. En algunos casos la Argentina cobra montos inferiores a los de otros países por el mismo trámite. Pero en adelante equiparará las cifras para establecer lo que en el Gobierno denomina un «principio de política de reciprocidad clara».

Uno de los motivos que generaron este endurecimiento de las autoridades argentinas en su política migratoria radica en que durante los últimos años, el Gobierno intentó establecer un acuerdo con algunos países de la región para compartir e intercambiar antecedentes penales e información relacionada.

Desde Casa Rosada aclararon que la Argentina no endureció su política migratoria, si se tiene en cuenta que en los últimos tres años hubo un récord de radicaciones. Desde 2016 hasta ahora unos 650.000 extranjeros se convirtieron en residentes. La mayoría de ellos son venezolanos, paraguayos, bolivianos, peruanos y colombianos.

La estrategia de política migratoria del Gobierno apunta a reforzar el esquema de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país. La Dirección de Migraciones ya avanzó en un acuerdo con los jueces federales de todo el país para establecer una suerte de base de datos con todas las causas penales donde los extranjeros cumplen condena a fin de aplicar el principio de «extrañamiento» para motorizar la expulsión automática.