PROPONEN MODIFICAR LEY DE ALQUILERES PARA BENEFICIAR A INQUILINOS

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, logró un acuerdo para emitir un dictamen esta tarde sobre la ley de alquileres, que podría llegar al recinto entre el 20 y el 27 de noviembre junto con la ley de Góndolas.

A diferencia del pasado 15 de octubre, cuando su tratamiento en comisión se cayó por falta de quórum, hoy la reunión contó con legisladores de todos los bloques, que trabajaron sobre un texto único, aunque algunos diputados de Cambiemos firmaron en disidencia.

El debate también contó con la presencia de representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de asociaciones de inquilinos, y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr.

Federico López Castromil, vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria, expresó al tomar la palabra: “Así como está la ley estamos todos en contra: inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios. Transformemos ese consenso de estar todos en contra en estar todos a favor”, expresó.

Tras enumerar razones para defender a los propietarios e inquilinos, López Castromil se explayó en los puntos, a los que tildó de “innegociables”, que son el respeto a los honorarios de los corredores inmobiliarios y pidió no modificar el artículo 1.351 del Código Civil y Comercial.

A su turno, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostuvo: “no hay dudas ya de que en Argentina es urgente una ley de alquileres nacional que regule el precio de los alquileres y ponga un poco de límites al abuso de los propietarios, de las inmobiliarias. “Lo que ha sucedido en materia de vivienda en estos últimos años es realmente trágico”, agregó.

Entre sus principales puntos, el proyecto consensuado apunta a reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y buscan establecer una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Además, buscan ampliar los tipos de garantías y la extensión de dos a tres años los contratos de alquiler para locaciones destinadas a vivienda.